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Riba-roja aprueba un plan para ahorrar 900.000 euros en la luz de edificios publicos

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado un plan municipal de eficiencia y ahorro energético con el objetivo de reducir los gastos en electricidad y calefacción que actualmente destinan las arcas municipales en los diversos edificios y recintos públicos y cuya suma asciende a 900.000 euros anuales. La moción aprobada, presentada por Ciudadanos, contó con el voto favorable del gobierno local -PSPV, Compromís y Esquerra Unida-, además del Partido Popular y Riba-roja Pot.

La propuesta plenaria incluye una auditoría exhaustiva de todos los edificios e inmuebles de titularidad municipal para  adaptarlos a las directivas comunitarias sobre certificación de eficiencia energética, de forma que en cada uno de ellos se realice un diagnóstico que permita alcanzar los parámetros adecuados en la relación entre el coste económico y el beneficio general extraído.

El análisis del consumo energético de cada inmueble se une al trabajo que actualmente está realizado el equipo de gobierno para la obtención de la licencia de actividad en un total de 25 edificios públicos que carecen de ella y cuya posesión indica que el inmueble cumple todos los parámetros y condiciones exigible en materia de seguridad y riesgos laborales.

El Ayuntamiento de Riba-roja ha sacado ya a licitación pública la redacción de todos los proyectos técnicos que permitirán legalizar, en una primera fase, 11 de los 25 edificios que carecen de la licencia de actividad y, a continuación, en una fase posterior se llevarán a cabo todas las restantes. Por ello, se podrá adaptar el edificio a los parámetros que exige la licencia de actividad y, al mismo tiempo, se complementa con la auditoría que permitirá un ahorro energético.

Entre las irregularidades y anomalías detectadas por el actual gobierno tras tomar posesión del cargo cabe destacar algunos como la ausencia de salidas de emergencia, importantes fallos estructurales de diseño, puertas que abren al revés de la normativa vigente en materia de seguridad, escaleras que incumplen la legislación o errores en la planificación técnica y en la accesibilidad de algunos edificios.

 

 

 

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