El Partido Popular de Riba-roja de Túria no descarta presentar una reprobación al Alcalde en el próximo pleno ordinario que se celebre en el mes de noviembre, según han informado en un comunicado.
«El Acalde de Riba-Roja, el socialista Roberto Raga, miente deliberadamente cuando dice que la comisión de investigación sobre el PAI de Porxinos ha acordado llamar a declarar a Soler y a Tarazona. El Partido Popular no entiende cómo el actual Alcalde tiene tan poco respeto a la institución que representa cuando, siendo Presidente dela Comisiónde investigación sobre el PAI Porcinos, emite una nota de prensa en nombre de todala Corporación afirmando decisiones que no se tomaron», afirman.
«El Partido Popular forma parte de esta comisión y no va a consentir, en ningún caso, que se mienta. Desde el Partido Popular estamos en condiciones de asegurar que en la misma no se adoptó ningún acuerdo respecto a las personas que pueden ser llamadas a declarar», aclaran en el texto del comunicado.
Los populares afirman que en «la primera sesión de dicha comisión únicamente sirvió para establecer la periodicidad de las sesiones, fijada cada dos meses, y establecer las líneas generales de investigación tales como la recopilación de la documentación disponible en el ayuntamiento, así como la elaboración de listados, por parte de los partidos políticos que están representados, de los posibles llamados a declarar. El Partido Popular aprobó en pleno municipal la creación de esta comisión y ya manifestó que no tiene ningún miedo sobre lo que en dicha comisión se investigue. Recuerda que este procedimiento ha sido uno de los más judicializados, no solo en vía administrativa sino penal, y resultó archivado».
«Pese a ello, el Alcalde se considera por encima de la ley al pretender “juzgar” a través de esta comisión temas ya archivados. Recordar que las comisiones de investigación solo dictaminan y no juzgan, pero parece ser que el Alcalde se cree “todopoderoso”. Dicha actitud no sorprende al grupo popular que ya conoce de su trayectoria política, y su capacidad de tergiversación, que resulta sospechosamente malintencionada. Como Alcalde está obligado a respetar las decisiones y acuerdos adoptados porla Corporaciónen lugar de falsearlos y utilizarlos en beneficio propio», concluyen.
