El futur dels rius a Espanya: Com enfrontar la sobreexplotació i el canvi climàtic?
El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciado enérgicamente las nuevas exigencias que el Ministerio de Servicios Sociales ha impuesto a las familias que quieran optar a las ayudas del Banco de Alimentos ya que desde este año es necesario presentar un informe expedido por los ayuntamientos sobre la situación económica y social de los solicitantes.
Sin embargo, el PSPV ha censurado la actitud “obstruccionista” del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ya que desde hace semanas “se niega a elaborar los citados informes a las familias que lo necesitan como paso previo obligado para optar a las ayudas que concede el Banco de Alimentos a aquellas personas y núcleos familiares que así lo reclaman”.
Según la formación “la negativa del consistorio vallbonense a elaborar los citados informes obliga a la llegada de trabajadores sociales de otras localidades del Camp de Túria para que redacten los estudios de las familias que así lo soliciten. Los asistentes sociales realizan esta labor en calidad de voluntarios, sin percibir ningún tipo de remuneración económica”.
El PSPV de la Pobla atribuye los problemas detectados en los últimos meses al cambio de la administración pública encargada de velar por el control y vigilancia de este tipo de ayudas sociales. Así, hasta ahora la concesión de los productos que anualmente recibe el Banco de Alimentos desde la Unión Europea dependía del Ministerio de Agricultura pero desde este año es el Ministerio de Asuntos Sociales el que se encarga de las tareas de control.
La portavoz municipal del PSPV de la Pobla de Vallbona, Regina Llavata, ha lamentado que el equipo de gobierno de esta localidad, encabezado por Mari Carmen Contelles, del PP, “haya consentido los recortes que sufre el Banco de Alimentos y no haya abierto la boca para reclamar mayores facilidades para estas familias que sufren en sus propias carnes la crudeza la crisis económica”.
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