
El PSPV de Llíria ha denunciado que el ayuntamiento de la localidad, que preside el alcalde, Manuel Izquierdo, del Partido Popular, ha adjudicado un terreno embargado por el 28% del valor total de su tasación. El consistorio edetano ha subastado por tan solo 485.952 euros unos terrenos tasados en un total de 1’7 millones de euros a la empresa urbanizadora del plan de actuación integrada que se desarrolla en el área de la Closa por el impago de las cuotas urbanísticas por parte de una familia.
La adjudicación de la parcela ha necesitado de un total de seis subastas públicas antes de la definitiva ya que en las anteriores había quedado desierta. Finalmente, la empresa urbanizadora a quien la familia propietaria de los terrenos debía las cuotas por las obras de urbanización ha resultado la beneficiaria por el mismo dinero de la cantidad adeudada, fijada en 485.952 euros.
El portavoz municipal del PSPV de Llíria, José Luis Pérez, ha lamentado que a la vista de los hechos “queda patente que el equipo de gobierno del Partido Popular es incapaz de aunar esfuerzos para la resolución de los conflictos; defiende los intereses económicos del agente urbanizador de este PAI y deja de lado a los pequeños propietarios que están teniendo tantos problemas para atender sus obligaciones económicas derivadas de las cuotas de urbanización ya que estos procesos se han llevado a cabo en un momento que no es el mejor para los bolsillos de nuestros vecinos que tienen que desembolsar cantidades exorbitantes”.
El PSPV ha reclamado al gobierno popular de Llíria “una política urbanística adecuada al interés general de los pequeños propietarios, basada en la economía sostenible y en un respeto escrupuloso en el medio ambiente y en nuestro entorno”. Por último, el portavoz socialista de Llíria ha arremetido contra el alcalde de la capital edetana “por su ineficacia sobrada para liderar el proceso de modernización de nuestra ciudad que necesita de políticos y gestores que actúen con solvencia en el diseño urbanístico de este término municipal al margen de los intereses que puedan tener las empresas promotoras o urbanizadoras”.